El error de matar el miedo

por Luis Tomás Oviedo.

Uno de los sentimientos más arraigados en el ser humano es el de posesión. La posesión de un bien, tangible o intangible, da seguridad, poder, influencia, preeminencia social, fortuna, todo dependiendo de la naturaleza del bien poseído y las circunstancias del poseedor.

Superada universalmente la etapa de la esclavitud, la vida pasó a ser una excepción dentro de la vasta lista de bienes poseíbles, sin excluir la vida propia, pues esta, aunque en los hechos se posee (¿o nos posee?), al tenor de los preceptos de la mayoría de las religiones, no podemos suprimirla a voluntad.

En la idiosincrasia del hombre hispanoamericano, cuando se une (amanceba, casa, “junta”, o como sea) a una mujer, esta pasa a ser un objeto de su propiedad. Lo más sorprendente es que al separarse, aún si la iniciativa ha sido de él, la mujer sigue siendo considerada de su propiedad. Es decir, siente el derecho de volver y tomarla cuando y cuantas veces lo desee.

El conflicto aparece cuando la mujer no quiere o no le conviene regresar con el marido, y se agrava cuando la separación ha sido por iniciativa de aquella.

Ante estas situaciones, el hombre recurre a la violencia. A veces se conforma con la mutilación o la deformidad de la excompañera, pero otras (muchas, por desgracia) llega hasta la eliminación física de esta.

Algunos matan a su excompañera y se entregan a las autoridades, o huyen, otros se suicidan luego del feminicidio, con la pena de que, como dice Benedetti con palabras diferentes: no lo hagan al revés.

Mucho se ha escrito y debatido sobre el feminicidio, atribuyendo su causa al machismo con que las madres crían a sus hijos e hijas, a los males de la sociedad y su influencia sobre los individuos, a la pérdida de los valores… en fin, a un buen número de razones, todas ellas válidas. Lo que los foros aún no han podido consensuar es la forma efectiva de combatir ese mal social, que al 11 de marzo de este año ha cobrado ya 38 vidas.

Se habla de los castigos ejemplares, de incrementar la pena, etcétera, etcétera. A nada de eso me opongo, pero yo me pregunto: ¿Puede al castigo al feminicida devolver la vida que este cobró? ¿Puede revertir la condición de huérfanos en quienes la adquirieron con el asesinato? ¿Puede, en el caso de las víctimas jóvenes, -como es la mayoría- devolver a la sociedad el ente productivo que ha arrebatado?

La única medida eficaz contra ese mal social es la prevención. Y la prevención debe orientarse en tres ejes: educación, seguimiento y sanción.

Estos tres ejes funcionan de la siguiente manera: la educación, primero en el hogar, formando niños y niñas con criterios alejados del machismo o el feminismo, criterios que fomenten la igualdad y el respeto entre ambos sexos. Luego, educación puntual en las mujeres con riesgo potencial de violencia intrafamiliar. Todo esto, a la par que se implementa una campaña de orientación masiva, por los medios de comunicación, dirigida a estas mujeres, indicándoles qué hacer y cómo identificar conductas potencialmente peligrosas en sus parejas.

El seguimiento debe hacerse a las mujeres identificadas en la comunidad como en riesgo inminente, basado en incidentes previos (amenazas, agresiones, etc.), o en el perfil de la pareja considerada potencialmente peligrosa.

La sanción al feminicidio que no se ha podido evitar, mientras más severa, más ejemplarizadora y disuasiva. Pero este, lamentablemente, es un medio poco eficaz, si tomamos en cuenta el desequilibrio mental común en la mayoría de los feminicidas.

Un elemento de esta tarea de prevención, en su parte operativa, sería la creación de las que yo llamaría “Unidades de Registro y Seguimiento de Mujeres en Riesgo Inminente”. A estas unidades acudirían las mujeres que se sientan amenazadas por sus parejas y darían información de su caso. La unidad tendrá un registro con los datos de la denunciante, a quien dará orientación en visitas periódicas. Paralelamente, personal de la unidad vigilará a la pareja amenazante, de manera que pueda anticiparse a cualquier acto de violencia por parte de esta.

Las unidades deberán estar ubicadas en cada provincia, en cada ciudad, y en cada barrio populoso, sobre todo en aquellos lugares estadísticamente significativos.

Las unidades no deben ser fiscalías, ni destacamentos policiales, ni casas de acogida, ni nada que las asemeje a esto. Deben ser centros comunitarios con personal profesional, capaz de llevar a cabo con eficiencia las tareas que deben realizar.

No han sido una ni dos las veces que hemos leído u oído los testimonios de familiares que refieren las tantas veces que la occisa fue al destacamento policial o a la fiscalía barrial a denunciar las amenazas de su pareja, sin que se le hiciera el menor caso, siendo en ocasiones hasta objeto de burla por parte de las autoridades.

Sé que muchas personas, sobre todo las que toman decisiones, dirán que este proyecto es incosteable, inaplicable, insostenible, etc. A estos valdría la pena preguntar: ¿Cuántas muertes más justificarían la inversión?

Nunca es demasiado invertir en la vida, la inversión que ha hecho el gobierno del Dr. Leonel Fernández en el sector salud no me deja mentir y me permite afirmar que sí es posible hacer un poco más para evitar que se sigan perdiendo vidas útiles por la vía del feminicidio.

Por último, si en algún foro me preguntaran ¿Por qué mata el hombre a su pareja? Yo respondería: por miedo.